Presidencia de Juan María Bordaberry (1972-27 de junio de 1973)

 Presidencia de Juan María Bordaberry (1972-27 de junio de 1973)

Durante su gobierno el deterioro de las instituciones se vio acelerado como consecuencia de la intensificación de la violencia y la confrontación del Ejecutivo con los otros poderes del Estado.

• Lucha armada

En 1972, después de la tregua establecida con motivos de las elecciones, el MLN retomó la lucha armada produciéndose en el mes de abril enfrentamientos de extrema violencia. Las incursiones de los tupamaros fueron reprimidas en forma severa por las Fuerzas Armadas que, desde setiembre de 1971, tenían a su cargo la lucha antisubversiva. El 15 de abril la Asamblea General votó la suspensión de las garantías individuales y el “Estado de Guerra Interna”, por lo cual se le concedía a las Fuerzas Armadas el derecho de disponer de los detenidos. En poco tiempo se produjo la derrota total de los grupos armados; la mayoría de sus miembros fueron muertos, detenidos, exiliados y su principal dirigente Raúl Sendic, fue herido y llevado a prisión.

• Represión

Este clima de violencia desconocido en el país, generó angustia en la población la que se veía impactada por permanentes comunicados a través de la radio y de la televisión, allanamiento de domicilios, incluso nocturnos o detenciones arbitrarias.

La forma de conducir la represión determinó el enfrentamiento del Ejecutivo con los otros poderes del Estado; se hicieron denuncias en el Parlamento por violación a los Derechos Humanos y, en determinadas oportunidades, no se tuvieron en cuenta las decisiones del Poder Judicial.

• Ley de Seguridad del Estado

En julio del mismo año el Parlamento aprobó la Ley de Seguridad del Estado, por la cual pasaron a considerarse como delitos militares, delitos que hasta entonces eran considerados de derecho común.

• Papel del Ejército

Fue creciendo el papel de los sectores militares en la vida del país, desbordando sus cometidos específicos sin que el poder civil encontrara los caminos eficaces para solucionar la crisis política que se precipitaba. El planteo de cuál debía ser el papel del Ejército en la sociedad llevó a las Fuerzas Armadas a elaborar un proyecto político, inspirado en la “Doctrina de la Seguridad Nacional”, convencidas que el poder político era incapaz de promover el desarrollo nacional.

El acceso del Ejército a la conducción política fue consecuencia de la crisis producida en febrero de 1973.

• “Febrero amargo”

El 8 de febrero de 1973, el Ejército y la Fuerza Aérea desconocieron el nombramiento del General Francese como Ministro de Defensa Nacional y decidieron sugerir al presidente el relevo del mismo. La Armada fiel al presidente, por un corto lapso, bloqueó la “Ciudad Vieja”. La situación del presidente era sumamente crítica: buscó el apoyo de la ciudadanía y de los sectores políticos, pero la respuesta que obtuvo fue muy débil, lo que demostró su prestigio y aislamiento político.

Esta crisis demostraba la autonomía adquirida por los militares respecto al Poder Ejecutivo. Esta actitud también se evidenció en la emisión de los “Comunicados 4 y 7”, en los que las Fuerzas Armadas planteaban un confuso programa de gobierno de corte “populista”, en el cual se incluían: “la lucha contra la corrupción económica”, “la eliminación de la deuda externa” y “la erradicación de la desocupación”, entre otros puntos.

• “Pacto de Boisso Lanza”

La crisis se resolvió con la firma del “Pacto de Boisso Lanza” por el cual el presidente “encomendó a las Fuerzas Armadas la misión de brindar seguridad al desarrollo nacional”, estableciéndose las formas de participación de las mismas en la actividad política, en un acuerdo de actuación conjunta. Se creó el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), integrado por el Presidente de la República, los ministros de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores, Economía, Director de la Oficina de Planeamiento y presupuesto, los Comandantes en Jefe de las tres Armas y el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Conjuntas integradas por las Fuerzas Armadas y policiales.

• Desafuero de Erro y Golpe de Estado

Entre febrero y junio se agudizaron las tensiones políticas. El hecho que precipitaría los acontecimientos fue el planteo hecho por el Ejecutivo solicitando el desafuero del Senador del Frente Amplio, Enrique Erro, acusado de tener vinculaciones con los tupamaros. Como el Senado se negó a votar el desafuero, se planteó en la Cámara de Representantes el juicio político a Erro, siendo rechazado por la misma.

El 27 de junio de 1973 el Poder Ejecutivo disolvió las cámaras y creó, en su lugar, un Consejo de Estado. Se iniciaba así la dictadura que se extendería hasta 1985.

Características de la economía y la sociedad durante el período (1967-1973)

Economía

Al principio se intentó retomar el modelo económico batllista. Durante unos pocos meses se volvió al sistema de los cambios múltiples, se adoptaron medidas para frenar la especulación, a la vez que se buscaba el diálogo con los trabajadores. Sin embargo, la resistencia de ciertos sectores a este tipo de medidas y el crecimiento de la inflación determinaron el abandono de esta política. 
Se produjeron cambios en los ministerios y en noviembre de 1967 se produjo una devaluación, el dólar pasó de $98 a $200.

En mayo de 1968, accedieron a los Ministerios figuras que representaban a los grupos económicos más fuertes vinculados a la banca y el agro que comenzaron a ejercer su influencia en la política económica. Su objetivo fundamental fue la estabilización de precios mediante el control de salarios. Con este objetivo el gobierno dictó el decreto del 28 de junio de 1968 por el que se congelaban los precios y los salarios. La aplicación de esta medida se produjo en el momento en que los trabajadores esperaban un aumento de sueldos que no se dio, mientras los precios se habían incrementado a lo largo del mes. Completando el decreto de congelación se creó la COPRIN (Comisión de Productividad, Precios e Ingresos) con la finalidad de fijar los aumentos de precios y salarios que se consideren necesarios. En un primer momento, estas medidas dieron resultado positivo; en el segundo semestre de 1968 la inflación sólo alcanzó un promedio del 2% mensual y decayó la especulación. 
Se produjo un alza en el salario real.

Incidió también en el proceso, las condiciones del mercado internacional con buenos precios y gran demanda para la carne vacuna. 
En 1971, por tratarse de un año electoral, se concedieron aumentos de salarios y pasividades que aumentaron los egresos del Estado al mismo tiempo que se producía una caída en las exportaciones generando una balanza comercial desfavorable. Nuevamente retornaron la especulación, la fuga de capitales y el incremento del endeudamiento.

Durante el gobierno de Bordaberry, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto formuló un Plan Nacional de Desarrollo para aplicar en cinco años. Este plan orientaba la economía del país en el modelo neoliberal; limitaba la participación del Estado, procuraba el estímulo a la actividad privada y el fomento al sector agroexportador en función de la demanda del mercado exterior. También se preveía la liberalización del comercio; como consecuencia de esta medida sólo podrían sobrevivir aquellas industrias que pudieran competir con las extranjeras. Esta política sería aplicada en el período de la dictadura por el equipo económico que encabezó el Ingeniero Vegh Villegas.

Sociedad

La sociedad uruguaya había experimentado una serie de cambios que fueron borrando la imagen del “país modelo” que habíamos construido y los censos de 1963 y 1975 demostraron que la población crecía lentamente.

Se caracterizó en el período por:

• Envejecimiento demográfico. El porcentaje de personas mayores de 60 años va aumentando, no así el de menores.

• Concentración urbana. En 1975 el 83% de la población vivía en ciudades por diferentes motivos.

• Descenso del nivel de vida de los sectores medios y bajos como consecuencia de la crisis económica.

• Crecimiento del “sector informal”. La desocupación llevó a muchos por ejemplo a vender productos de contrabando.

• Desarrollo de la burocracia. Aumentó el número de funcionarios públicos.

• Pérdida del valor adquisitivo de las pasividades.

• Se intensificó el éxodo rural como consecuencia de la acentuación del proceso de  concentración de la tierra y el mantenimiento del sistema de explotación extensiva.

• Aumentó la marginalidad. Se dio un crecimiento de las viviendas precarias en los alrededores de Montevideo, conocidas como “cantegriles” como consecuencia del éxodo rural y la desocupación urbana. No fueron suficientes las propuestas habitacionales del Plan Nacional de Vivienda (1968) para solucionar los problemas de este sector social.

• Emigración. Se estima que entre 1963 y 1975 alrededor de 218.000 uruguayos dejaron el país (8% de la población total) y que lo hicieron por motivaciones económicas, además de las razones de orden político.La desocupación y las dificultades que encontraba la población más joven para acceder al mercado de trabajo figuran como principales causas de la emigración. Aún entre los sectores que disponían de trabajo, incidió mucho en la decisión de emigrar, el descenso de la capacidad de comprar como consecuencia del deterioro del salario real que comenzó a partir de 1957 y se intensificó desde 1968. Entre quienes emigraron hubo un predominio de los hombres frente a las mujeres y de los jóvenes comprendidos entre los 15 y 29 años. Su grado de instrucción es de nivel medio ya que alrededor del 35% había hecho estudios secundarios. Predominaron los empleados y obreros del sector privado, en especial personal calificado (profesionales, científicos y técnicos). Los países hacia los cuales se dirigían fueron en primer término hacia Argentina siguiéndole en importancia Estados Unidos, Australia y Brasil.